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julio 29, 2016

«Tecnologías digitales para la difusión del patrimonio cultural»



Génesis Gatica Porcayo
Agencia Informativa CONACYT




«El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es una organización del gobierno federal que se ha caracterizado, desde su fundación, por investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico del país.

»Actualmente, esta institución realiza sus funciones por medio de una Secretaría Técnica que supervisa la realización de sus labores, además de ser responsable de más de 110 mil monumentos históricos, 29 mil zonas arqueológicas registradas en el país y alrededor de 200 mil vestigios arqueológicos, de los cuales 181 mil están abiertos al público.

»En este contexto y ante la necesidad de encontrar nuevos canales de vinculación con los ciudadanos del siglo XXI para el conocimiento del patrimonio cultural de México, e inspirados en las Humanidades Digitales, se crea la Red Temática en Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural (RedTDPC).

»Este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al formar parte del programa de Redes Temáticas y hasta el momento está integrado por más de sesenta miembros que van desde estudiantes, académicos, investigadores y profesionales del sector privado y sociedad civil que aprovechan la tecnología para promover el patrimonio cultural.


»RedTDPC y su vinculación con el INAH

»Con la premisa de la vinculación entre el patrimonio cultural y los ciudadanos mexicanos, se creó en 2014 la Dirección de Innovación Académica de la Secretaría Técnica del INAH; desde ahí se convocó a distintos especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Guadalajara – Campus Virtual, Universidad Centro, Centro Cultural España, Museo Interactivo de Economía, Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), INAH y empresas de innovación tecnológica con contenidos culturales, como Manuvo o Cocolab, para integrar una red interdisciplinaria y multisectorial, en torno a los retos y oportunidades en la difusión del patrimonio cultural mediante nuevas tecnologías.

»La RedTDPC es un grupo de trabajo formado en el año 2015 que busca generar y diseminar el conocimiento interdisciplinario y buenas prácticas en la aplicación de tecnologías digitales a la difusión y divulgación del patrimonio cultural, afirmó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Cristina Rivas, gestora cultural y miembro del Consejo Técnico Académico de la Red.

»“La RedTDPC lleva un año y medio en funcionamiento, periodo en el que se ha convocado a diversas actividades académicas referidas a la vinculación profesional y difusión del conocimiento, como mesas redondas, coloquios, conferencias internacionales y talleres en tecnologías digitales", comentó.

»Además, mencionó que el uso de drones para la exploración arqueológica, las instalaciones interactivas para la accesibilidad de público con discapacidad, la edición digital de códices y documentos históricos, así como el Congreso Internacional del Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías y el Comité de Políticas de Digitalización son algunos antecedentes que permitieron materializar la idea de la red.


»El futuro de la Red

»La RedTDPC cuenta con una página web que permite mapear a los especialistas en la materia que incumbe a México, así como consultar el registro en video de las actividades abiertas al público que, como red, han realizado.

»“Como Consejo Técnico Académico estamos convencidos de que es necesario transitar a una fase más práctica, poner en marcha lo aprendido durante las jornadas académicas y concentrar el trabajo en actividades de laboratorio y el desarrollo de al menos un prototipo”, comentó la especialista.

»En el futuro inmediato, se presentará uno de sus principales resultados que es el libro El patrimonio cultural y las nuevas tecnologías. Experiencias recientes desde México, editado por los doctores Diego Jiménez Badillo y Manuel Gándara.

»“Se tiene la intención de ampliar la red al máximo, con el objetivo de que haya una mayor interacción entre los participantes, así como identificar y proponer soluciones a diversas problemáticas que enfrentan museos, zonas arqueológicas e instituciones académicas en cuanto al uso de herramientas digitales”.

»Actualmente se encuentran integrando el primer acervo especializado en México, en tecnologías digitales aplicadas al análisis, la divulgación y difusión del patrimonio cultural. El cual estará disponible para consulta en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (Encrym – INAH).

»La RedTDPC parte del supuesto de que el desarrollo científico y tecnológico es un tema que atañe a todas las disciplinas y sobre todo que involucra tanto a la academia como a las instituciones públicas y la iniciativa privada.

»“Estamos convencidos de la importancia de crear alianzas entre los diferentes actores y sectores, con la finalidad de crear proyectos de innovación tecnológica, generar aprendizaje colaborativo y formar el mejor capital humano”, finalizó la especialista.


»RedTDPC

»Esta iniciativa del INAH es coordinada por la Secretaría Técnica del Instituto, y su comité técnico académico está integrado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.


»Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

»Es el organismo del gobierno federal fundado en 1939 para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural.

»Integra un conjunto de acervos documentales, como en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que reúne la mayor colección de publicaciones de carácter histórico y antropológico en México, además de que resguarda fondos documentales y códices de importancia histórica.»





julio 22, 2016

Zaveeth Aslam: «Amazon Kindle: Which Amazon Kindle Version You Should Go For?»




TampaBayReview.com




«Every person out there, who devours books, would know one of the most popular choices to read ebooks, on a digital device, which is of trend nowadays rather than going for the paperback. Who needs to carry heavy tomes when you can just fit in gigabytes of books in a flat device that makes reading easy for you? amazon-kindle-oasis.

»In that case, the Amazon Kindle is not only power efficient, but also gives you seamless integration where you can download books easily, user interface is also simple. Amazon keeps adding plenty of new features, such as giving the experience of reading on paper with brighter displays right from its first inception.

»Now the real confusion for you will be which model you should buy. Amazon gives us 4 different Kindle models; Kindle Paperwhite, Kindle Voyage, Kindle Oasis and the refreshed 2016 version of the Kindle.


»Amazon Kindle

»This 6 inch screened eBook reading device is the cheapest of the all 4 costing $79.99 with 167 ppi resolution screen. This version has been recently revamped with E-ink

»Pearl Display with Bluetooth audio support built in. It is also thinner and lighter in weight than the model this has been replaced with. You can play the audio books in speaker with wireless speakers and headphones. The battery life stands for weeks and is available in two colors, black and white.

»This device makes as an affordable with an internal storage that can hold thousands of books, but it would be difficult for you to read if your lights are out because the display isn’t as illuminating as the other three types.


»Amazon Kindle Paperwhite

»The illuminating display is the key difference between the Amazon Kindle and the Kindle Paperwhite. Its screen lighting just makes the words shine which also is brighter enough to read in low light or the dark.

»The display contrast is better than the Amazon Kindle because of 300 ppi screen resolution offered by 6 inch Ink Carta display. This version comes with WiFi as well as 3G options. Integrated with Amazon account, you can seamlessly download and integrate your books in the device. The pricing starts from $119.99 ranging till $159.


»Amazon Kindle Voyage

»This version is quite same as the Kindle Paperwhite offering same 300 ppi, 6 inch screen and illumination, E-Ink Carta Display but only with one difference.

»The illumination on the screen adjusts its brightness by adapting to the environment that you are in. The adaptive light comes off as a big advantage for every lighting condition. On the Voyage there’s a specially reinforced glass front, with magnesium back dropping the plastic bezel for a cleaner design that integrates page turning sensors that react to pressure, meaning there’s no need to tap on the edge of the display, you just press a little harder and the page turns. There are also the same WiFi and 3G options available as in the Amazon Kindle Paperwhite with the battery that lasts for weeks and not just hours. It can be a bit costly, ranging from $119 – $159.


»Amazon Kindle Oasis

»This is the latest version of the Kindle and the most powerful and the expensive one. The build of the Kindle is lighter and thinner. The front lighting is now cast from the side in this gadget through a new diffusion layer thereby giving more illumination.

»In addition to the same features as in the Voyage and in the Paperwhite, the screen is 6 inch rendering 300 ppi, but alongside there is an accelerometer on the board to allow to use the Kindle in landscape mode, left and in right handed. There is another battery cover that comes in the box which delivers seven weeks use apart from the one on its own that can last up to two weeks.

»There are 3 color variations for battery cover: black, Merlot, walnut. This model also comes with WiFi and 3 G options, costing to a whopping $289.99. Those who want the latest and greatest version of Kindle, go for this, without batting an eyelid.»





julio 15, 2016

«La Xunta avanza en la construcción de la Memoria Digital del patrimonio gallego»




El Correo Gallego




«La estrategia implicará a la sociedad y a todos los agentes que intervienen en la gestión del patrimonio cultural, desde la Xunta y sus organismos dependientes en este ámbito, a entidades públicas y privadas autonómicas, estatales, europeas y transnacionales

»El Gobierno gallego avanza en la construcción de la Memoria Digital de Galicia para preservar y universalizar el patrimonio cultural de la comunidad, de forma que ha aprobado la estrategia para digitalizar el patrimonio material e inmaterial gallego, que se albergará en el Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) del Gaiás, asegurando “su conservación, difusión y accesibilidad” desde cualquier lugar del mundo.

»Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que el objetivo es “consolidar” un fondo digitalizado del patrimonio cultural material e inmaterial de Galicia.

»Así, la estrategia implicará a la sociedad y a todos los agentes que intervienen en la gestión del patrimonio cultural, desde la Xunta y sus organismos dependientes en este ámbito, a entidades públicas y privadas autonómicas, estatales, europeas y transnacionales.

»El proyecto de la Memoria Digital, que cuenta con un presupuesto público de 9,1 millones de euros, impulsará la aparición de nuevos servicios y contenidos para la industria cultural, y aumentará el potencial del patrimonio para actividades de investigación.

»El presidente ha remarcado que esta iniciativa, la “más importante” en relación a la cultura y a las tecnologías de la “historia” de la comunidad, será presentado en julio a las principales “instituciones de la memoria”.



»PILARES

»Feijóo ha remarcado que la estrategia para construir la Memoria Digital de Galicia se asienta en cuatro iniciativas que ya están en marcha. La primera, el Arquivo Electrónico Patrimonial, que tiene como objetivo la gestión del patrimonio documental gallego y que, desde octubre, estará disponible a través de un portal web.

»La segunda es una convocatoria de ayudas para digitalizar fondos de patrimonio cultural, que se hará pública en los próximos meses con un presupuesto de 800.000 euros.

»La tercera es la Biblioteca Dixital de Galicia (Galiciana), que cuenta ya con más de 1,7 millones de páginas y 175.000 objetos digitalizados procedentes de archivos, museos, bibliotecas y otras colecciones. Éste será, también, el canal de difusión del patrimonio gallego hacia las redes transnacionales.

»En cuarto lugar, sustentarán la Memoria Digital todas las actuaciones relativas a la toponimia gallega, que entrará en funcionamiento en octubre y que irá incorporando progresivamente la microtoponimia.»






julio 08, 2016

«La vulneración de la privacidad como arma de combate»



Carmen Jané
el Periódico




«La difusión de datos personales de mossos y policías nacionales forma parte de la nueva estrategia de los hacktivistas.

»La revelación de identidades de agentes policiales forma parte de la nueva estrategia del hacktivismo (protesta política en internet) a cargo de informáticos próximos a grupos radicales, que dicen vengar así abusos policiales como la mutilación de Ester Quintana, quien perdió un ojo a causa de un proyectil antidisturbios de los Mossos, o actuaciones polémicas, como el juicio a la supuesta cúpula española de Anonymous o el desalojo del llamado banco expropiado de Gràcia. Se trata, según los hackers de “hacerles la vida más difícil” a los agentes. Es la privacidad vulnerada como arma de combate.

»“Cuerpo Nacional de Policía de España [...] habéis desatado la furia de nuestras legiones y hoy vamos a la guerra. Hemos publicado una lista de miembros de vuestro cuerpo para que entendáis cuán fina es la cortina detrás de la que os escondéis”, dice el mensaje de Anonymous que reivindica el ataque a la web de la Mutua de Policías (Mupol), hecho público el 1 de junio.

»“Hay una guerra entre activistas y agentes, y los datos son parte de ella. Y se están difundiendo en Youtube, en enlaces, en foros como Pastebin y en la Deep Web, donde no funcionan los buscadores”, afirma Selva Orejón, experta en reputación digital e investigadora de algunos de los últimos casos difundidos, que implican sobre todo a agentes antidisturbios.

»Manuales on line de piratas informáticos justifican esta estrategia frente a la “protesta pacífica” que suponía el hacktivismo tradicional y argumentan la necesidad de “pasar a la acción” difundiendo información sobre “los enemigos”, en este caso, los agentes de policía, de quienes se revela datossobre los que los mismos activistas no se ponen muy de acuerdo.


»DEBATE SOBRE LÍMITES

»Cuando filtró la base de datos de la web del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), el pasado mes de mayo, el autor, desconocido, no omitió domicilios, cuentas bancarias y números de móviles. Esta difusión provocó que incluso uno de los grupos más activos de Anonymous en España,@La9deAnon, se desmarcara de la acción y condenara la filtración de datos “sensibles”.

»“No es nuestro estilo”, dijeron cuando todas las miradas apuntaron hacia ellos porque la filtración coincidió con el inicio del juicio en Gijón contra tres jóvenes asturianos a quienes la policía acusaba de ser “la cúpula de Anonymous en España” y de haber asaltado la web de la Junta Electoral Central en el 2011, y que está aún pendiente de sentencia.

»Anonymous, que opera como una entidad descentralizada y sin estructura, ha difundido desde sus cuentas de Twitter, Quitter y otros foros como Pastebin enlaces con nombres y números de placa de agentes, a veces acompañados de fotos o correos electrónicos. Y numerosos simpatizantes han replicado el mensaje. Pero no han ido mucho más allá. Incluso han borrado trozos de formulario en vídeos y capturas de página, en lo que parece ser una estrategia intimidatoria más que real, según los investigadores.

»“No estamos detrás de las máscaras, estamos en vuestras conciencias, auditando el sistema, rompiendo los códigos. Nos llaman cibercriminales”, dice un tuit de @La9deAnon, que suelen firmar sus mensajes de vídeo con una puesta en escena asociada a películas como V de Vendetta o a series de televisión como Mr Robot, la historia del hacker asocial que se une a un activista (Mr Robot y su banda, F Society) para derrotar a una multinacional que controla bancos y usa prácticas abusivas. Todos esos nombres se han utilizado en cuentas para difundir los ataques a las entidades policiales, como muestra de un sentido del humor del que presumen.


»INVESTIGAR IDENTIDADES

»“Mi objetivo era filtrar la información para que cualquiera que quisiese investigar a la policía seriamente pudiese hacerlo, no divulgarla para que gente aburrida gastase bromas telefónicas o pidiese pizzas a sus casas (seamos honestos, ese es el único ‘peligro’ real al que se enfrentan tras la filtración)”, apunta el mensaje reivindicativo del ataque a la web del SME, atribuido a “Phineas Fisher”, un seudónimo que oculta al supuesto autor de otros sonados robos de información como los de Hacking Team en 2015 (400 Gb de datos de gobiernos y empresas) y Gamma Internacional (2014). El activista ha difundido vídeosy escrito manuales mostrando sus técnicas, algo bastante inusual entre los hackers tradicionales.

»La policía también contraataca intentando borrar datos personales en las redes. Si falla la queja por los datos, siempre le queda la reclamación por derechos de autor en Youtube o Dropbox. Y esa es casi automática para borrar contenidos.»





julio 01, 2016

«Facebook amenaza a los periódicos como fuente de información»




Dircomfidencial




«Si bien los medios de comunicación convencionales mantienen su papel de generador de informaciones, en los últimos tiempos han ido cediendo a otros la función de proveedor de noticias. Esta situación es especialmente significativa en internet, donde en los últimos años actores como las redes sociales han logrado arrebatarle a los diarios digitales la influencia hegemónica que ejercían sobre las lectores.

»Cada vez son más las personas que optan por consultar la información a través de los medios sociales. Esto supone un serio reto para los editores, a quienes se les ha vuelto realmente complicada la tarea de atraer lectores a su diario digital y, por ende, de ganar dinero mediante la publicidad basada en el tráfico web.

»Un informe elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (RISJ) destaca que, así como los smartphones y las tabletas se han convertido en los dispositivos principales a la hora de acceder a contenidos, Facebook, Twitter, Google y Youtube ejercen un mayor control sobre las audiencias.

»El estudio, realizado a partir sondeo de 26 países, pone de manifiesto que más del 50% de los usuarios recurren a las redes sociales como fuentes de información. Mientras que muchos editores han confiado en el Instant Articles Facebook y en el AMP de Google para difundir sus noticias, el informe advierte de que se están convirtiendo en destino por derecho propio dado que una cuarta parte de los lectores no llega a reparar en la fuente primaria de la noticia.

»“A medida que la gente tenga más acceso a través de plataformas de terceros será más difícil para la mayoría de editores hacerse destacar entre la multitud, conectar directamente con los usuarios y ganar dinero. Este desarrollo va a dejar algunos ganadores y muchos perdedores”, avisa Rasmus Kleis Nielsen, director de investigación en el RISJ.

»Facebook es, de largo, la fuente de noticias predominante. El 44% de los encuestados reconoce utilizar la red social creada por Mark Zuckerberg para encontrar, leer, ver, compartir y comentar la información semanal; un porcentaje que dobla al de su rival más cercano. Sumado a que el uso de dispositivos móviles para informarse se ha elevado un 53% en apenas dos años, confirma que el cambio de modelo en el negocio de la edición.

»El propio Zuckerberg ha sido claro en este sentido y llegó a decir claramente que su objetivo es que Instant Articles se convierta en una “experiencia de noticias primarias”. Teniendo en cuenta que las herramientas de las que dispone Facebook a la hora de personalizar la promoción de contenidos, éste no sólo está haciendo frente a los medios convencionales sino que está siendo capaz de llevarse a los anunciantes. Sin ir más lejos, la compañía anunció unos ingresos de 5,38 mil millones de dólares en el primer trimestre, de los cuales el 79% provenía de la publicidad móvil.»





junio 24, 2016

«Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-470/14: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y otros / Administración del Estado y otros»




CURIA - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia




SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 9 de junio de 2016 (* [Nota al pie: * Lengua de procedimiento: español.])

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartado 2, letra b) — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Copia privada — Compensación equitativa — Financiación a cargo de los presupuestos generales del Estado — Procedencia — Requisitos»


En el asunto C 470/14,


que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 10 de septiembre de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de octubre de 2014, en el procedimiento entre


Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)


y


Administración del Estado,

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic),


con intervención de:


Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. J. Malenovský (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. M. Safjan, la Sra. A. Prechal, el Sr. S. Rodin y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora;


habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de octubre de 2015;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), por el Sr. J. Suárez Lozano, abogado;

– en nombre de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), por los Sres. A. González García y D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados;

– en nombre de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), por el Sr. J. Montes Relazón, abogado;

– en nombre del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), por la Sra. S. Vázquez Senin, procuradora, y la Sra. I. Aramburu Muñoz y el Sr. J. de Fuentes Bardají, abogados;

– en nombre de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por el Sr. J. Marín López y la Sra. R. Blanco Martínez, abogados;

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. M. Sampol Pucurull, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. A. Magrippi y S. Charitaki, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y D. Segoin, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente, asistido por la Sra. L. Holopainen y el Sr. M. Grönroos, en calidad de expertos;

– en nombre del Gobierno noruego, por los Sres. E. Leonhardsen y M. Schei, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. É. Gippini Fournier y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;


oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de enero de 2016;

dicta la siguiente



Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), por un lado, y la Administración del Estado y la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), por otro, en relación con la normativa nacional relativa al sistema de compensación equitativa por copia privada sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Marco jurídico


Derecho de la Unión

3 Los considerandos 4, 9, 31, 35 y 38 de la Directiva 2001/29 disponen:

«(4) La existencia de un marco jurídico armonizado en materia de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor fomentará, mediante un mayor grado de seguridad jurídica y el establecimiento de un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual, un aumento de la inversión en actividades de creación e innovación, incluida la infraestructura de red, lo que a su vez se traducirá en el desarrollo de la industria europea y en el incremento de su competitividad, tanto por lo que respecta al ámbito del suministro de contenido y de la tecnología de la información como, de modo más general, a una amplia gama de sectores de la industria y la cultura. Esta situación preservará el empleo e impulsará la creación de nuevos puestos de trabajo.

[...]

(9) Toda armonización de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual. Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y el público en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad.

[...]

(31) Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben revaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente acentuarse a medida que se desarrollen la explotación transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.

[...]

(35) En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. [...]

[...]

(38) Debe facultarse a los Estados miembros para que establezcan una excepción o limitación al derecho de reproducción en relación con determinados tipos de reproducción de material sonoro, visual y audiovisual para uso privado, mediante una compensación equitativa. Ello puede suponer la introducción o el mantenimiento de los sistemas de retribución para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios sufridos. [...]»

4 El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Derecho de reproducción», establece, en particular, lo siguiente:

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a) a los autores, de sus obras;

b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;

[...]».

5 El artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Excepciones y limitaciones», dispone, concretamente, en su apartado 2:

«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:

[...]

b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;

[...]».


Derecho español

6 El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE n.º 315, de 31 de diciembre de 2011, p. 146574), incluye una disposición adicional décima, titulada «Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada», que establece, en particular, lo siguiente:

«1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley.

2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

[...]»

7 El Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE n.º 295, de 8 de diciembre de 2012, p. 84141), tiene por objeto aplicar la referida disposición adicional décima.

8 El artículo 1 de este Real Decreto, que lleva por título «Objeto», dispone lo siguiente:

«Este real decreto tiene por objeto la regulación de:

a) El procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía anual de la compensación equitativa por copia privada tomando como base el perjuicio causado.

b) El procedimiento de liquidación y pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»

9 El artículo 3 del mencionado Real Decreto, titulado «Cuantía de la compensación», establece, en particular, en su apartado 1:

«La cantidad adecuada para compensar el perjuicio causado a los titulares de los derechos de reproducción por el establecimiento de la excepción de copia privada en los términos previstos en el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se determinará, dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, mediante Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, conforme al procedimiento establecido en el artículo 4.»



Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 Las partes demandantes en el litigio principal son entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que están facultadas para percibir la compensación equitativa destinada a los titulares de derechos en el supuesto de copia privada de sus obras o prestaciones protegidas.

11 El 7 de febrero de 2013, interpusieron un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al objeto de obtener la anulación del Real Decreto 1657/2012.

12 Dicho tribunal autorizó posteriormente a intervenir en el procedimiento a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Algunas de estas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual habían interpuesto por su parte recursos contra el Real Decreto 1657/2012.

13 En apoyo de sus pretensiones, las demandantes en el litigio principal alegan, en particular, que el Real Decreto 1657/2012 es incompatible en dos aspectos con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. En primer lugar, sostienen, en esencia, que esta última disposición exige que la compensación equitativa concedida a los titulares de los derechos en el supuesto de copia privada sea soportada, al menos en última instancia, por las personas físicas que originaron el perjuicio que tal copia causa a su derecho exclusivo de reproducción, mientras que el sistema establecido por la disposición adicional décima y por el Real Decreto 1657/2012 dispone que dicha compensación será sufragada por los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, por todos los contribuyentes. En segundo lugar, afirman que esta normativa no garantiza el carácter equitativo de la mencionada compensación.

14 Por su parte, las demandadas en el litigio principal sostienen que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone a que un Estado miembro establezca un sistema como el creado por la disposición adicional décima y por el Real Decreto 1657/2012.

15 Tras recordar las circunstancias que condujeron a las autoridades españolas a sustituir el sistema de canon digital en vigor hasta 2011 por un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el tribunal remitente señala ante todo que, con arreglo al principio de no afectación de los ingresos presupuestarios, este nuevo mecanismo, a diferencia del precedente, está sufragado por todos los contribuyentes españoles, independientemente de que puedan realizar copias privadas o no. A continuación se pregunta, en esencia, si la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros que optan por tal mecanismo garantizar, del mismo modo que cuando prefieren establecer un canon, que su coste sea sufragado, directa o indirectamente, sólo por las personas que se considera que causan un perjuicio a los titulares de los derechos porque realizan, o pueden realizar, copias privadas. En caso de no ser así, el mencionado tribunal se pregunta si el hecho de que el importe destinado al pago de la compensación equitativa abonado a los titulares de los derechos esté predeterminado para cada ejercicio presupuestario permite garantizar el carácter equitativo de la antedicha compensación.

16 En tales circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?

2) Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»



Sobre las cuestiones prejudiciales

17 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas.

18 A este respecto, en primer lugar debe señalarse que, con arreglo al tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho exclusivo de reproducción previsto en el artículo 2 de esta Directiva, en el caso de las reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6 de la mencionada Directiva (en lo sucesivo, «excepción de copia privada»).

19 Como se desprende de los considerandos 35 y 38 de la Directiva 2001/29, esta disposición refleja la voluntad del legislador de la Unión Europea de establecer un determinado sistema de compensación, cuya aplicación se origina por la existencia, en detrimento de los titulares de derechos, de un perjuicio que genera, en principio, la obligación de «recompensarles» o «compensarles» (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 41).

20 De ello se deduce que, cuando los Estados miembros deciden aplicar en su Derecho interno la excepción de copia privada prevista por la mencionada disposición, están obligados, en particular, a regular el abono de una «compensación equitativa» a favor de los titulares de los derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 30, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 19).

21 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha puesto de manifiesto que, a menos que se admita privar al artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 de su efecto útil, debe considerarse que esta disposición impone a los Estados miembros que aplican la excepción de copia privada una obligación de resultado, en el sentido de que están obligados a garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, apartado 34, y de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartado 57).

22 Dicho esto, en la medida en que esta disposición tiene únicamente carácter facultativo y que tampoco precisa los diferentes parámetros del sistema de compensación equitativa que exige establecer, ha de entenderse que los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación para circunscribir estos parámetros en su Derecho interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 37; de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartado 20, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 20).

23 En particular, incumbe a los Estados miembros determinar las personas que deben abonar esta compensación equitativa y fijar su forma, modalidades y cuantía, observando lo dispuesto en la Directiva 2001/29, y, con carácter más general, en el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, apartado 23; de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartado 21, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 20).

24 Habida cuenta de esta amplia facultad de apreciación, y aunque la jurisprudencia citada en los apartados 19 a 23 de la presente sentencia se haya elaborado en el marco de los sistemas de compensación equitativa financiada mediante canon, no se puede considerar que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 se oponga, por principio, a que los Estados miembros que han optado por introducir la excepción de copia privada decidan establecer en dicho marco un sistema de compensación equitativa que no esté financiada por dicho canon, sino por sus Presupuestos Generales.

25 En efecto, siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos, por un lado, y que sus modalidades garanticen su percepción efectiva, por otro, debe considerarse, en principio, compatible con el objetivo esencial de la Directiva 2001/29, que consiste, como se desprende de sus considerandos 4 y 9, en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.

26 En segundo lugar, se deduce de los considerandos 35 y 38 de la Directiva 2001/29 que la compensación equitativa prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de esta Directiva tiene por objeto compensar a los titulares de los derechos, de manera apropiada, por el uso no autorizado de sus obras o prestaciones protegidas. Para determinar la cuantía de dicha compensación, debe tenerse en cuenta, como criterio útil, el daño que el acto de reproducción en cuestión haya causado al titular de derechos afectado (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 39).

27 De ello se desprende que, en principio, incumbe a las personas que reproducen obras o prestaciones protegidas sin autorización previa de los titulares de los derechos afectados, y que les causen un perjuicio al hacerlo, reparar el mencionado perjuicio financiando la compensación equitativa prevista a tal efecto (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 45, y de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium, C 572/13, EU:C:2015:750, apartado 69).

28 Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha precisado que no es necesario en modo alguno que estas personas hayan realizado efectivamente copias privadas. En efecto, desde el momento en que se ponen a su disposición aparatos o soportes de reproducción, esta puesta a disposición basta para justificar que contribuyan a financiar la compensación equitativa establecida a favor de los titulares de los derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartados 54 a 56, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartados 24, 25 y 64).

29 Pues bien, se desprende del claro tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 que la excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas, que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines directa o indirectamente comerciales (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartados 43 a 45 y 54 a 56, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartados 22 a 25 y 64).

30 De ello se desprende que, a diferencia de las personas físicas, que están incluidas en el ámbito de aplicación de la excepción de copia privada con arreglo a los requisitos precisados por la Directiva 2001/29, las personas jurídicas están excluidas en todo caso del derecho a acogerse a esta excepción, de modo que no están facultadas para efectuar copias privadas sin obtener la autorización previa de los titulares de los derechos sobre las obras o prestaciones de que se trate.

31 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que no es conforme con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 aplicar el canon por copia privada, en particular, en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a dicha copia privada (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 53, y de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartado 28).

32 Dicho esto, tal interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone a que las personas jurídicas sean deudoras, en su caso, de la financiación de la compensación equitativa destinada a los titulares de los derechos como contrapartida de esta copia privada.

33 De este modo, el Tribunal de Justicia ha admitido que, habida cuenta de las dificultades prácticas que pueden producirse al poner en práctica tal financiación, los Estados miembros tienen la facultad de financiar esta compensación equitativa mediante un canon impuesto, antes de que se efectúen las copias privadas, a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción y los ponen a disposición de personas físicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 46; de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, apartado 27; de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartado 24, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 46).

34 En efecto, nada impide que dichos deudores repercutan el importe del canon por copia privada en el precio de puesta a disposición de los equipos, aparatos y soportes de reproducción o en el precio del servicio de reproducción prestado. De este modo, los usuarios privados que abonan dicho precio son quienes soportarán, en definitiva, la carga de ese canon. En estas circunstancias, el usuario privado a cuya disposición se ponen los equipos, aparatos y soportes de reproducción o que utiliza un servicio de reproducción ha de considerarse, en realidad, el «deudor indirecto» de la compensación equitativa, dicho de otro modo, su deudor efectivo (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 48).

35 De esta manera, una financiación como la referida en el apartado 33 de la presente sentencia debe considerarse conforme con el justo equilibrio que, con arreglo al tenor del considerando 31 de la Directiva 2001/29, ha de respetarse entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartado 49; de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, apartados 28 y 29, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 53).

36 De esta jurisprudencia se deduce que, en el estado actual del Derecho de la Unión, aunque los Estados miembros pueden, ciertamente, instaurar un sistema en virtud del cual, en determinadas circunstancias, las personas jurídicas son deudoras del canon destinado a financiar la compensación equitativa establecida en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen.

37 Las consideraciones subyacentes a esta jurisprudencia se aplican en todos los supuestos en que un Estado miembro ha introducido la excepción de copia privada, con independencia de si ha establecido un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o, como en el litigio principal, con cargo a sus Presupuestos Generales.

38 En efecto, es preciso recordar que el concepto de compensación equitativa no se define por remisión al Derecho nacional, de modo que debe considerarse un concepto autónomo de Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, apartados 31 a 33 y 37, y de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium, C 572/13, EU:C:2015:750, apartado 35).

39 En el presente caso, se desprende del auto de remisión que, habida cuenta del hecho de que no existe afectación de ingresos concretos —como los procedentes de un tributo específico— a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, del mismo modo, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas.

40 Además, de los autos en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que, en el presente caso, exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas, que en ningún caso están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución (véanse, a este respecto, las sentencias de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C 521/11, EU:C:2013:515, apartados 25 a 31 y 37, y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, apartado 45), con arreglo a procedimientos que incumbe únicamente a los Estados miembros establecer.

41 En estas circunstancias, y como subraya el tribunal remitente en el propio tenor de esta cuestión prejudicial, dicho sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado miembro de que se trata no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas.

42 Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas.

43 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no ha lugar a responder a la segunda.


Costas

44 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.


En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:



El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas.



Firmas





«La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España». Comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea




Tribunal de Justicia de la Unión Europea – COMUNICADO DE PRENSA n.º 60/16

CURIA – Comunicados de prensa




«La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la compensación equitativa destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación presupuestaria como el establecido en España.


»En efecto, dicho sistema no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas.


»Una Directiva de la Unión [NOTA 1] ha instaurado desde 2001 un marco jurídico armonizado de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor basado en un elevado nivel de protección de los titulares de los derechos. A tal fin, los Estados miembros establecerán, entre otros, el derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras. No obstante, los Estados pueden introducir excepciones a este derecho exclusivo de reproducción, en particular, en el caso de las reproducciones efectuadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales («excepción de copia privada»). En este caso, los titulares de los derechos deben recibir una compensación equitativa.

»Desde 2012, la compensación equitativa por copia privada en España se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. [NOTA 2] En virtud de este sistema, el importe de esta compensación se determina anualmente, dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

»En febrero de 2013, varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, facultadas para percibir la compensación equitativa, solicitaron al Tribunal Supremo que anulara la citada normativa española.

»En este contexto, el Tribunal Supremo pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cuando dicho sistema no permite asegurar, como ocurre en España, que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas. Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a este sistema, en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas.

»Aunque el sistema de financiación de la compensación equitativa más comúnmente elegido sea actualmente el del canon, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva no se opone, en principio, a que los Estados miembros que han decidido introducir la excepción de copia privada opten por financiarla con cargo a sus Presupuestos Generales (una solución que también ha sido adoptada en Estonia, Finlandia y Noruega). En efecto, siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos, por un lado, y que sus modalidades garanticen su percepción efectiva, por otro, debe considerarse, en principio, compatible con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual.

»Sin embargo, el Tribunal de Justicia observa que la excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas, que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines comerciales. Estas personas son quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda. Por su parte, las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción.

»En este marco, aunque los Estados miembros pueden, ciertamente, instaurar un sistema en virtud del cual, en determinadas circunstancias y por razones prácticas, las personas jurídicas estén obligadas a financiar la compensación equitativa, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen. Este requisito se aplica en todos los casos en los que un Estado miembro introduce la excepción de copia privada, con independencia de si éste establece un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o con cargo a sus Presupuestos Generales.

»En el caso de autos, el Tribunal Supremo indica en su auto de remisión que el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas. En efecto, a falta de afectación de ingresos concretos —como los procedentes de un tributo específico— a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas. Por otro lado, no se ha demostrado que en España exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.

»NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

»El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.



»1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

»2 Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE nº 295, de 8 de diciembre de 2012, p. 84141).