«La formación de las facultades y escuelas de derecho en México forjan una particular estructura mental que, con frecuencia, es afecta al lenguaje rebuscado. Sin embargo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte, lleva la enredosa prosa jurídica hasta las fronteras de lo legible. El artículo de opinión ¿Democracia sin verdad? (Excélsior, 22 y 23-VII-2014) firmado por el ministro requiere de una traducción del abogañol al castellano para poder entender una idea o argumento. A las pruebas me remito y, con el riesgo de perder a todos los lectores de este espacio, procedo a una cita textual del escrito:
»El tema discutido radicó en determinar si se aprobaba el proyecto del ministro Cossío Díaz, consistente en el análisis de la conclusión previa a la propuesta de negar el amparo: si se actualizaba o no el presupuesto procesal del interés legítimo de los quejosos para impugnar el artículo 9, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece, sobre la base de precedentes de la Primera Sala que han abordado el tema del interés legítimo.
»El ministro Gutiérrez debería agradecer que las ideas claras y la buena redacción en el idioma castellano no son requisitos constitucionales para ser integrante de la Suprema Corte. Nuestro Máximo Tribunal requiere de excelentes juristas, no de aspirantes al Premio Pulitzer o al Nobel de Literatura. Sin embargo, una prosa ordenada es el espejo de una mente clara. El problema va más allá del pleito del ministro en contra de la gramática española y su fobia personal al punto y seguido.
»Ojalá que el jurista Gutiérrez sea más atento a los hechos y evidencias cuando redacta sus sentencias que cuando escribe un texto para las planas editoriales. El ministro afirma que el caso del amparo #YoContribuyente se trató en la Primera Sala de la Corte el día 9 de junio. En realidad esta sesión ocurrió un mes después, el día 9 de julio. Dada la gravedad del caso, la confusión de fechas también resulta un asunto menor.
»El texto del ministro Gutiérrez surge como respuesta a un artículo de la doctora María Marván (Excélsior, 17-VII-2014), donde la ex consejera del IFE y ex presidenta del IFAI toca un tema mucho más delicado que el caos gramatical o el equívoco en el calendario. En el año 2008, el presidente Calderón emitió un decreto que otorga a gobiernos estatales y municipales el privilegio de no pagar el Impuesto Sobre la Renta que generan sus respectivos empleados públicos. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) se encargó de operar esta ofrenda fiscal para alcaldes y gobernadores. ¿Quién fue jefe del SAT entre julio de 2008 y noviembre de 2012? El mismo ministro de la Suprema Corte a quien le urge un curso de redacción en idioma español. Si el conflicto de interés no fuera un deporte nacional, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se debió de haber excusado de votar el amparo de #YoContribuyente, que precisamente se trata de privilegios fiscales otorgados por el Congreso a estados y municipios.
»A fines de 2012, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) externó sus preocupaciones sobre la postulación del licenciado Gutiérrez a integrante de la Suprema Corte (Reforma, 16-XI-2012). Las inquietudes de Prodecon quedaron ratificadas en los hechos.
»La esencia de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para cuestionar los actos y omisiones de la autoridad. Si el ministro Gutiérrez Ortiz Mena llega a leer este texto probablemente se sienta molesto y ofendido. Así nos sentimos muchísimos contribuyentes mexicanos ante el perdón y desaparición de miles de millones de pesos que deberían estar en las arcas del erario público, pero hoy no sabemos dónde están.»
